El Estado ecuatoriano dio un nuevo paso en la regulación tecnológica tras la publicación en el Registro Oficial N.º 240 de la Resolución SPDP-SPD-2026-0009-R, emitida por la Superintendencia de Protección de Datos Personales. La normativa establece lineamientos para garantizar el uso ético, responsable y seguro de la inteligencia artificial (IA), especialmente cuando estas tecnologías utilicen o procesen datos personales de los ciudadanos.
La medida responde al crecimiento acelerado del uso de sistemas basados en inteligencia artificial en diferentes sectores, como plataformas digitales, comercio electrónico, análisis de información, servicios financieros, seguridad informática y gestión pública. Frente a este avance tecnológico, la normativa busca evitar que el uso masivo de datos personales genere riesgos para la privacidad, la seguridad o los derechos fundamentales de las personas.
El documento también toma como referencia principios internacionales sobre ética en inteligencia artificial, impulsados por organismos multilaterales, que promueven el desarrollo tecnológico con respeto a los derechos humanos y a la protección de la información personal.
Principales puntos de la normativa
La resolución establece varios principios y obligaciones que deberán cumplir las instituciones públicas, empresas tecnológicas y organizaciones que utilicen sistemas de inteligencia artificial en Ecuador.
Protección de datos personales
Uno de los ejes centrales de la normativa es garantizar que los sistemas basados en inteligencia artificial respeten el derecho a la privacidad. Las organizaciones que utilicen estas tecnologías deberán asegurar que los datos personales sean tratados de manera responsable y bajo estrictas medidas de seguridad.
Esto implica que la recopilación, almacenamiento y procesamiento de información de los ciudadanos deberá cumplir con la legislación ecuatoriana de protección de datos y con estándares internacionales de privacidad.
Uso legítimo y finalidad específica de los datos
La normativa establece que los datos personales solo podrán ser utilizados para fines legítimos, explícitos y previamente determinados. Esto significa que las empresas o instituciones deberán informar claramente para qué se utilizará la información de los usuarios.
El uso de datos con fines distintos a los que fueron informados o autorizados podría constituir una vulneración de derechos y dar lugar a sanciones administrativas.
Supervisión humana en decisiones automatizadas
Otro de los principios clave es que los sistemas de inteligencia artificial no pueden reemplazar completamente la supervisión humana cuando se trate de decisiones que puedan afectar a las personas.
Las decisiones automatizadas, especialmente aquellas relacionadas con evaluación de perfiles, acceso a servicios o análisis de información personal, deberán contar con mecanismos de revisión o control humano que permitan garantizar transparencia y evitar errores o abusos.
Prevención de discriminación o sesgos algorítmicos
La resolución también establece que los sistemas de inteligencia artificial deben evitar sesgos o discriminación en su funcionamiento. Los algoritmos que analicen datos o generen decisiones no podrán afectar de forma injustificada a personas o grupos por motivos como género, origen, condición social u otras características.
Las organizaciones deberán revisar sus sistemas tecnológicos para asegurarse de que los resultados generados por la inteligencia artificial sean equitativos y respeten los derechos de los ciudadanos.
Transparencia en el uso de inteligencia artificial
Las entidades que utilicen inteligencia artificial deberán garantizar transparencia en su funcionamiento, informando a los usuarios cuando sus datos estén siendo procesados mediante sistemas automatizados.
Este principio busca evitar que los ciudadanos sean analizados o evaluados por sistemas tecnológicos sin conocer que su información está siendo utilizada por algoritmos o modelos de inteligencia artificial.
Responsabilidad de las organizaciones
La normativa establece que las instituciones públicas y privadas que utilicen inteligencia artificial serán responsables del uso adecuado de los datos personales y de los resultados que generen sus sistemas tecnológicos.
Esto significa que las empresas deberán implementar mecanismos de control interno, auditorías tecnológicas y políticas de seguridad para prevenir vulneraciones de datos o usos indebidos de la información.
Seguridad y protección de la información
Otro punto clave de la normativa es la obligación de implementar medidas técnicas que garanticen la seguridad de los datos personales. Esto incluye sistemas de protección contra accesos no autorizados, filtraciones de información o posibles ataques informáticos.
La resolución enfatiza que el manejo masivo de datos en sistemas de inteligencia artificial requiere niveles más altos de protección para salvaguardar la privacidad de los ciudadanos.
Un paso hacia la regulación tecnológica en Ecuador
El documento reconoce que Ecuador todavía enfrenta desafíos en el desarrollo de inteligencia artificial y en la gobernanza digital. En comparación con otros países de la región, el país se encuentra en una etapa intermedia en materia de preparación tecnológica y regulación de estas herramientas.
Por esta razón, las autoridades consideran necesario fortalecer las políticas públicas que permitan promover la innovación tecnológica sin descuidar la protección de los derechos de las personas.
Impacto en empresas, instituciones y plataformas digitales
La normativa tendrá impacto directo en múltiples sectores que utilizan inteligencia artificial o manejan grandes volúmenes de datos, entre ellos:
- empresas tecnológicas
- plataformas digitales
- bancos y fintech
- instituciones públicas
- empresas de análisis de datos
- startups de innovación tecnológica
Estas organizaciones deberán revisar sus procesos para asegurar que el uso de inteligencia artificial cumpla con los principios de privacidad, transparencia, seguridad y responsabilidad establecidos en la normativa.
Con esta resolución, Ecuador comienza a avanzar en la construcción de un marco regulatorio que busca equilibrar el crecimiento tecnológico con la protección de los derechos digitales de la ciudadanía.
