La fuga de la ex ministra de Transporte y Obras públicas María de los Ángeles Duarte ha provocado una crisis diplomática entre Ecuador y Argentina.
El gobierno de Ecuador declaró el martes “persona non grata” al embajador argentino en Quito, Gabriel Fuks, por una violación de la confianza entre ambos países y llamó a consultas a su representante diplomático en Buenos Aires.
La decisión está relacionada con la fuga de la exministra ecuatoriana María de los Ángeles Duarte, quien había sido condenada por corrupción y estaba asilada en la embajada argentina en Quito.
“El Ecuador acaba de entregar al embajador Gabriel Fuks … una nota verbal en la que nuestro país ha tomado la decisión de declararlo persona no grata, se le ha dado un tiempo prudente para su salida del país”, dijo el canciller Juan Carlos Holguín en una conferencia de prensa.
Holguín dijo también que Ecuador había llamado a su embajador en Buenos Aires, Xavier Monge y que “se ha dado un tiempo prudente (a Fuks) para su salida del país”.
“Nos apena mucho llegar a este punto, pero las inconsistencias en algunas de las informaciones relacionadas a la situación de la señora María de los Ángeles Duarte nos han hecho tomar esta decisión”, agregó.
La exministra del gobierno del expresidente Rafael Correa había solicitado asilo en la embajada a argentina en Quito en agosto de 2020, tras ser declarada culpable de cohecho en un caso donde se comprobó que el movimiento Alianza País de Correa había recibido dinero de empresas para favorecer contratos con el Estado, entre ellas de la constructora brasileña Odebretch.
En diciembre de 2022, el presidente argentino Alberto Fernández concedió asilo a Duarte para viajar a su país, pero el gobierno de Ecuador negó el salvoconducto por considerar que no se trataba de un tema de persecución política.
La sorpresiva fuga de la exministra provocó una crisis diplomática entre los gobiernos de Ecuador y Argentina. El canciller de Argentina, Santiago Cafiero, fue quien comunicó a Holguín la fuga ocurrida el domingo 12 de marzo.
El ministerio de Relaciones Exteriores pidió los videos de seguridad a la Embajada de Argentina, pero los funcionarios se negaron a entregarlos.
Se conoce que la exministra Duarte está alojada en la Embajada de Argentina en Caracas, pero la policía de migración no tiene registros de que ella haya salido vía aérea con ese destino.
Duarte mencionó a través de su cuenta en Twitter que se había convertido en una “rehén política” del gobierno de Ecuador.
“Estamos ahora ante un caso lamentablemente que nos obliga a tomar una dura y triste decisión”, concluyó Holguín. “Esperaremos que esta decisión no perjudique mayormente una relación que sobrepasa a gobiernos pasajeros de lado y lado”.
Quién es María de los Ángeles Duarte
La arquitecta María de los Ángeles Duarte, exministra del gobierno de Rafael Correa (2007-2017) condenada por corrupción, apareció repentinamente en la Embajada de Argentina en Caracas, lo que llevó a una crisis diplomática a los gobiernos del ecuatoriano Guillermo Lasso y del argentino Alberto Fernández.
Duarte, de 60 años de edad, militó y dirigió la extinta Alianza País, que se transformó en el movimiento Revolución Ciudadana, del exmandatario Correa. Estudió y se tituló en la profesión de Arquitectura en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es la misma casa de estudios donde Correa obtuvo el título de economista.
La mujer ocupó el cargo de ministra de Inclusión Económica y Social, desde 2009 hasta 2010. Luego, ocupó la cartera de Transporte y Obras Públicas (abril de 2010-noviembre de 2013 y posteriormente se desempeñó como ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda (febrero de 2015 a enero de 2017). Este último cargo lo dejó meses antes de que Correa le traspasara el poder a su entonces aliado Lenín Moreno, reseñó el medio argentino Infobae.
También se postuló en el año 2009 como candidata a la Alcaldía de Guayaquil, ciudad de donde es originaria, pero no lo logró.
Acusada de corrupción con Correa
A Duarte la condenaron en 2020 junto a Correa a 8 años de cárcel por cohecho como parte de una estructura delictiva, integrada por otros exfuncionarios, que pidió sobornos por casi 7,6 millones de dólares a las empresas a cambio de contratos con el Estado, según la Fiscalía.
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