Disputa en EE. UU. por quién debe pagar la defensa del expresidente venezolano Nicolás Maduro, en medio de un proceso judicial por narcotráfico en el que el gobierno estadounidense rechaza que utilice fondos del Estado venezolano para sus abogados.
El proceso judicial contra Nicolás Maduro en Estados Unidos ha abierto un nuevo frente legal: quién debe asumir los costos de su defensa en un caso por narcotráfico que podría derivar en cadena perpetua.
Según reportes de medios como BBC Mundo, Reuters y El País, la defensa del líder venezolano sostiene que el Estado de Venezuela debería cubrir los gastos legales argumentando que la legislación del país contempla ese respaldo para funcionarios.
El abogado de Maduro, Barry Pollack ha afirmado que impedir el acceso a esos recursos vulnera el derecho del acusado a elegir su representación legal, un principio protegido por la Constitución estadounidense.
Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos rechaza esta posibilidad. Las autoridades han señalado que las sanciones económicas impuestas a Venezuela bloquean el uso de fondos estatales, lo que obligaría a Maduro a financiar su defensa con recursos propios.
El caso se desarrolla en un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, bajo la supervisión del juez Alvin Hellerstein, quien deberá decidir si permite el uso de estos fondos o si mantiene las restricciones.
Maduro y su esposa, Cilia Flores se declararon no culpables de cargos que incluyen narcoterrorismo, conspiración para traficar cocaína y posesión de armas, en un proceso que involucra acusaciones de gran escala vinculadas al llamado “Cartel de los Soles”.
Además, la disputa ha escalado porque la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) inicialmente autorizó el uso de fondos venezolanos para la defensa, pero posteriormente revocó esa licencia, lo que complicó el financiamiento del equipo legal.
Expertos legales señalan que el caso podría sentar un precedente sobre los límites del uso de recursos estatales en procesos judiciales internacionales, especialmente cuando existen sanciones económicas de por medio.
La decisión del tribunal no solo tendrá implicaciones jurídicas, sino también políticas en medio de la tensión entre Estados Unidos, Venezuela y el impacto internacional del caso.
