La Base Aérea Eloy Alfaro, en Manta, volvió a convertirse en el centro del debate nacional tras la llegada de aeronaves militares de Estados Unidos, en el marco de una nueva fase de cooperación en seguridad entre ambos países. El anuncio se produce días después de que el presidente Daniel Noboa Azín informara sobre el inicio de operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo y la minería ilegal.
Según declaraciones oficiales, a partir del 15 de marzo Ecuador y Estados Unidos ejecutarán acciones coordinadas enfocadas en estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, economías ilegales y redes armadas que operan en distintas provincias del país.
Operativos conjuntos y mensaje de “guerra”
El ministro del Interior afirmó que el país enfrenta un escenario de guerra contra organizaciones criminales y pidió a la ciudadanía mantenerse en sus hogares durante los operativos que se desarrollarán en zonas consideradas de alto riesgo.
“El combate será frontal. Vamos a actuar donde estén”, reiteró el Ejecutivo en línea con el mensaje presidencial difundido en redes sociales, donde se aseguró que la seguridad nacional es prioridad y que las acciones no constituyen persecución política sino una estrategia para recuperar la paz.
Cooperación con EE.UU.: ¿qué implica?
La presencia de aeronaves estadounidenses en Manta reabre el debate sobre el alcance de la cooperación militar bilateral. Aunque no se han detallado públicamente los términos operativos específicos, fuentes gubernamentales señalan que el apoyo incluiría inteligencia, vigilancia aérea y logística estratégica.
Manta ya fue sede de operaciones estadounidenses entre 1999 y 2009, cuando funcionó como punto clave para el monitoreo antidrogas en el Pacífico. Ahora, el Gobierno sostiene que el contexto de violencia actual exige alianzas regionales más fuertes.
Contexto de violencia
Ecuador atraviesa uno de los momentos más complejos en materia de seguridad en su historia reciente. El aumento de homicidios, atentados y control territorial por parte de bandas vinculadas al narcotráfico ha llevado al Ejecutivo a declarar estados de excepción y a catalogar a ciertos grupos como organizaciones terroristas.
Con la llegada de aviones militares y el anuncio de operaciones conjuntas, el país entra en una nueva etapa de su estrategia de seguridad. El impacto real de estas acciones dependerá no solo de la fuerza operativa, sino también de la coordinación institucional y del respeto al marco constitucional vigente.
Mientras tanto, la ciudadanía observa con expectativa —y también con preocupación— el desarrollo de una ofensiva que el Gobierno define como decisiva para recuperar el control del territorio nacional.
